Una versión más corta de este artículo se publicó originalmente en Toronto Star.
Con el lanzamiento reciente del Fondo de Banda Ancha Universal (UBF, por sus siglas en inglés), el gobierno federal se ha comprometido a abordar las lagunas de conectividad, una realidad que viven muchas personas en Canadá. Durante los últimos ocho meses, la COVID-19 nos ha enseñado lo importante que es Internet durante una crisis. El acceso a banda ancha se ha convertido en un servicio indispensable tan importante como el agua o la luz. La ministra Maryam Monsef tenía razón al afirmar lo siguiente: “La conexión a Internet de alta velocidad es más que una mera comodidad”.
La verdad es que la inversión de 1.750 millones de dólares canadienses para ayudar a neutralizar los obstáculos que han dejado a numerosas comunidades indígenas, rurales y alejadas de Canadá en el lado equivocado de la brecha digital es tan necesaria como bienvenida. Pero las autoridades deben procurar no marginar a las mismas comunidades que pretenden ayudar. Las comunidades que más dificultades tienen para conectarse a Internet solo pueden tener éxito con iniciativas impulsadas por la comunidad. Es indispensable que las comunidades más necesitadas sean socias en el proceso, promoviendo soluciones de conectividad que les resulten útiles, y tengan acceso a los recursos necesarios para hacer que eso pase.
Se presenta una oportunidad para garantizar que todo el mundo tenga acceso a este servicio esencial y alcanzar ese objetivo mediante una colaboración de verdad con las comunidades indígenas. El Comité por la Verdad y la Reconciliación de Canadá reconoce ese aspecto de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y está instando a los estados a “consultar y colaborar de buena fe con las poblaciones indígenas mediante sus instituciones de representación, para obtener su consentimiento voluntario, anticipado e informado antes de adoptar y poner en marcha medidas legislativas o administrativas que les afecten”.
En Canadá, las comunidades indígenas están muy desatendidas. Las mayoría de los hogares de las reservas (más de dos tercios) no tiene Internet de alta velocidad. En todo el norte, el problema es particularmente grave; según datos del CRTC, en 2019 menos de la mitad de los hogares de Nunavut tienen velocidades de descarga de 5 Mbps, muy por debajo del objetivo de velocidad del gobierno de 50/10 Mbps.
Antes de la pandemia de la COVID, la falta de acceso tenía consecuencias desastrosas, ya que limitaba las oportunidades de educación, trabajo, desarrollo económico, acceso a la atención médica y un largo etcétera.
La pandemia ha amplificado todo eso. Un botón de muestra: los estudianes de secundaria de las reservas del norte de Ontario tuvieron que recurrir a máquinas de fax para seguir estudiando a falta de una conexión fiable a Internet. Ahora la brecha digital está desempeñando un papel más importante en la ampliación de la brecha económica, educativa y social.
Internet Society lleva celebrando desde 2017 la Cumbre sobre Conectividad Indígena en la que se reúnen líderes indígenas, miembros de la comunidad, proveedores de servicios de Internet, operadores de redes comunitarias, legisladores y otras partes interesadas para debatir sobre soluciones. La cumbre de 2020, que se celebró telemáticamente, elaboró una serie de recomendaciones para conectar a las comunidades indígenas.
Las recomendaciones destacan algunas necesidades básicas como, por ejemplo, un mapeo preciso de la banda ancha, para identificar a las comunidades desatendidas e incluirlas en los programas de financiación federal, y medidas de rendición de cuentas para garantizar que los proveedores de servicios de Internet ofrezcan realmente el acceso de banda ancha que se supone que deben ofrecer.
De manera más fundamental, los participantes ponen de manifiesto la importancia de la colaboración de entidades gubernamentales y no indígenas con las comunidades indígenas desde el minuto cero de cualquier proyecto o programa. Esto implica respetar los protocolos y estándares y participar en la formación y educación cultural. Piden un aumento de los trabajadores indígenas en empresas y organizaciones, así como el desarrollo de competencias en las comunidades indígenas para que operen y mantengan sus propias redes. Insisten en los derechos de espectro (las ondas de radio por las que viaja el tráfico de Internet) de los gobiernos indígenas en sus territorios. Por último, las oportunidades de financiación para las comunidades indígenas deben ser directas y priorizar la elección de la comunidad. En resumen, las recomendaciones ofrecen una guía a gobiernos, entidades privadas y organizaciones para que incluyan a las comunidades indígenas como socios esenciales en estas iniciativas.
La pandemia ha magnificado el daño causado por la falta de acceso a Internet y requiere una respuesta rápida y audaz del gobierno y otras entidades para minimizar el daño. El gobierno federal ha expresado su voluntad de “acelerar” sus iniciativas. Si el gobierno federal está por la labor de alcanzar la igualdad digital real, es indispensable que trabaje de forma colaborativa e inclusiva con las comunidades indígenas, empoderándolas para tener en propiedad y mantener su propia infraestructura.
Lee las Recomendaciones sobre política de la Cumbre sobre Conectividad Indígena de 2020.
Imagen de los participantes en el programa de formación sobre redes comunitarias y miembros de la comunidad en Ulukhaktok (Territorios de Noroeste) ©Angela Gzowski