Este artículo de opinión se publicó originalmente en The Hill .
El presidente de Estados Unidos firmó el jueves una orden ejecutiva que tiene como objetivo abordar el régimen de responsabilidad de las empresas de redes sociales. Se han publicado todo tipo de informes que destacan los problemas de este movimiento, pero existe un problema que consideramos especialmente peliagudo: el peligro de politizar entre las filas de los partidos lo que en esencia es debate jurídico.
El presidente debe apartarse de este debate.
Internet y la política siempre han tenido una relación complicada. A lo largo de los años, se han producido numerosos intentos de encauzar Internet hacia la política dominante, la mayoría de los cuales han sido en vano. Esto se debe principalmente a que Internet no es una “cosa” estática, sino un modelo que permite a redes y ordenadores interconectarse mediante la colaboración voluntaria. Una característica fundamental de este modelo es que está descentralizado, lo que significa que no tiene un punto de control central que dicta cómo debe evolucionar Internet. No hay ningún interruptor que se pueda encender y apagar. En cuanto los legisladores y reguladores intenten imponer uno, solo estarán contribuyendo a la destrucción paulatina de Internet en sí mismo. Esta característica siempre ha sido su punto más fuerte y el motivo por el que ha sido una fuente inagotable de innovación y crecimiento, desde la web hasta los dispositivos inteligentes, hogares, etc. en evolución permanente. ¡Esta falta de control central es una característica de Internet, no un fallo técnico!
La mayoría de los marcos legales iniciales que se han implantado en Internet reflejan esta premisa apolítica, si bien en niveles y grados diferentes. Pero la verdad es que no existe ninguna ley que haga esto con tanto ingenio como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que blinda la “responsabilidad de intermediarios” en Internet.
La protección de la responsabilidad de los intermediarios en Internet se planteó por primera vez en 1995 en Estados Unidos en el marco de un debate político sobre el alcance que debe tener la responsabilidad de los intermediarios. En aquella época no existían ni Facebook ni Twitter, por lo que la ley iba dirigida a servicios como CompuServe, Prodigy y AOL. Sin embargo, sentó las pautas para los servicios del futuro y más tarde se exportaría al resto del mundo como uno de los avances legislativos más positivos de Internet. La pregunta era sencilla: ¿deben responsabilizarse los intermediarios del contenido publicado en sus servicios o de los actos ejecutados por terceros, es decir, sus usuarios?
Esta pregunta perfilaría en gran medida el futuro de Internet. Neutralizó tentativas de control centralizado porque no obligaba a los proveedores a asumir competencias que no les corresponden inicialmente. De la misma forma que los servicios de telecomunicaciones no son responsables de lo que dicen por teléfono los usuarios del teléfono, quedó claro que los intermediarios y proveedores de servicios de Internet necesitarían restricciones de sentido común parecidas sobre su responsabilidad.
La exoneración de responsabilidad garantiza un marco de igualdad y ofrece autonomía a un grupo variado de actores para que desarrollen las competencias que les corresponden. En este contexto, la Sección 230 generó predictibilidad en el entorno sumamente impredecible de Internet. Nadie puede predecir la siguiente innovación: Internet está diseñado de esa forma. El entorno sumamente impredecible de Internet solo puede alcanzar su máximo potencial si funciona en un marco jurídico que sea obvio en sus intenciones y no sorpresivo en los resultados. La Sección 230 se encarga de ello. Politizarla supondría revertir años de esa predictibilidad y podría poner en peligro el potencial futuro de Internet.
Teniendo esto en cuenta, se puede apreciar el lado problemático de la orden ejecutiva, que establece un precedente peligroso para Internet y la expresión. El problema es que muchas de las disposiciones de esa orden parecen, como dice Daphne Keller, directora de responsabilidad de intermediarios de Stanford, “atmosféricas”, es decir, cuestiones motivadas políticamente que no deben formar parte del debate jurídico sobre el alcance de la protección de la responsabilidad de los intermediarios. Suponen una distracción que podría tener una serie de consecuencias imprevistas para la evolución de Internet.
Si bien los debates sobre el cambiante alcance de la Sección 230 son sanos, no deben basarse en motivaciones políticas de moda. La Sección 230 se ha caracterizado históricamente por fomentar la innovación y la creatividad en Internet. Al separarla de la política partidista, podemos garantizar que se mantengan sus ventajas.
Imagen de Leon Seibert vía Unsplash